El debate por la Unión Civil en Perú ha demostrado una vez más que no somos un Estado laico. Que en el Congreso las ideas conservadoras, pseudo religiosas y dogmáticas valen mucho más que el propio Derecho, que la justicia y que incluso la razón.  

La jerarquía católica por ejemplo, a lo largo de la historia siempre se ha opuesto a que el Derecho estatal regule las relaciones interpersonales de sus ciudadanos. Así, se opuso al reconocimiento del matrimonio civil como institución de Derecho, se opuso a la regulación del divorcio porque según sus “creencias religiosas” si te casabas era –literalmente- para toda la vida y si te divorciabas eras condenada por la Iglesia. Se opuso al reconocimiento de las uniones de hecho porque para ellos la única forma válida de unión era a través del ritual religioso. Se opuso también al reconocimiento igualitario de los hijos extramatrimoniales (o mal llamados durante mucho tiempo “hijos ilegítimos”), y así en innumerables ejemplos en los que la Iglesia católica se opuso al reconocimiento de los derechos.

Y seguimos hablando de la Iglesia. Me detengo un segundo: ¿el debate no es sobre la Unión Civil? ¿No es sobre el reconocimiento de derechos a las parejas homosexuales? ¿No se supone que deberíamos estar hablando sobre argumentos jurídicos? ¿No somos acaso un Estado laico?.

No, no lo somos. La laicidad significa garantizar la pluralidad de creencias, no solo las religiosas. Significa que se debe respetar la libertad de decidir de las personas y que si alguien posee un cargo público tiene que gobernar para toda la población en base al Derecho, no en base a dogmas religiosos; en base a la razón, no en base a textos sagrados.

Ni el Estado ni la iglesia tienen la potestad de decirle al ciudadano a quien amar, ni cómo hacerlo. No tienen la potestad para definir qué tipo de familia es válida y cuál no. No pueden usar la Constitución para negarle derechos a las parejas homosexuales, porque sobre todo, la Constitución se rige en base al Principio de Igualdad ante la ley, principio que parece no importar a nuestros legisladores. Estos mismos son quienes nos insultan gratuitamente (con calificativos como anormales, pedófilos, desviados, drogadictos, etc.) y quienes se creen superiores moralmente. Para que no quede duda, los derechos no son privilegios de las personas heterosexuales; privilegio es que yo pague impuestos y que la Iglesia no, privilegio es que ellos sí se puedan casar y nosotrxs no.

Esta es nuestra lucha para que el debate por el reconocimiento de nuestros derechos, no sea religioso sino jurídico, para no permitir que los conservadurismos de nuestra sociedad y sobre todo de algunos “políticos” nos impongan estándares de vida, para que dentro de nuestro propio Congreso no se discrimine menos aún por la orientación sexual e identidad de género de las personas, para que no nos insulten, para que nos protejan, y no nos agredan escudándose en sus dogmas religiosos. Esta es nuestra lucha: Ser un país verdaderamente democrático, justo, igualitario y LAICO.

Usar la dogmática de una o varias confesiones religiosas, para descalificar y atropellar a quienes son diferentes de una supuesta “norma” es no sólo perpetrar la injusticia sino sacralizarla desde una postura caricatural de pretendida religiosidad. Pero “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, es actuar en justicia: reconocer los espacios y los derechos de los otros en toda su otredad, con el respeto a la diferencia que la proclama evangélica subraya. Confundir el plano de los derechos de todos, con la confesionalidad de unos cuantos es injusto, aberrante y antievangélico.

Artículo parte del Boletín: "FE & LIBERTAD" de libre acceso en: https://es.scribd.com/doc/272753964/CREYENTES-Por-La-LAICIDAD-Boletin-1-Fe-libertad-2015

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